Aseguran 62 inmuebles a presuntos Templarios.

Feb 15, 2015
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Entre ellos hoteles, gasolineras, ranchos y bares, presuntamente eran utilizados para sus actividades en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (15/FEB/2015).- Las autoridades aseguraron 62 inmuebles, entre ellos hoteles, gasolineras, ranchos y bares, propiedades de integrantes de un grupo delictivo y que presuntamente eran utilizados para sus actividades en Michoacán. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó el domingo en un comunicado que el operativo tuvo lugar en los municipios de Aquila y Coahuayana. No detalló a qué grupo pertenecían todas esas propiedades pero el cártel más poderoso en la zona es el de los Caballeros Templarios, contra el que hace dos años se levantaron en armas grupos de civiles hartos de la inacción del Estado. En el operativo se aseguraron cuatro hoteles, tres complejos turísticos en zona de playa, dos centros de espectáculos, una hacienda, dos estaciones de servicio de gasolina, tres ranchos, una huerta platanera, terrenos, casas y residencias de lujo -algunas con albercas, sótanos y compartimientos secretos de diferentes dimensiones-, además de cien cabezas de ganado de distintas razas. Con información de inteligencia, se logró establecer que la mayoría de los inmuebles son propiedad de Antonio Mendoza Campos, Enrique Mendoza Campos, Federico González Medina, Carmelo Núñez Vargas, Jesús Cruz Virrueta y Víctor Lucas Rivera, que han sido vinculados con una organización delictiva. Cabe destacar que varios de los inmuebles asegurados fueron anteriormente despojados a sus legítimos propietarios, uno de ellos a un agricultor que fue secuestrado y privado de la vida en el 2010, añadió la nota. En el operativo se logró la detención de ocho integrantes del grupo que realizaban actividades de vigilancia y a quienes se les aseguró equipos de comunicación, marihuana, metanfetaminas, seis vehículos y un arma corta. Una novena persona fue arrestada con la colaboración de personal de Fuerza Ciudadana, uno de los nuevos cuerpos creado por el gobierno federal para legalizar las operaciones de civiles que se alzaron en armas en 2013.